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El software libre son bienes de uso universal, con libertad para su adaptación y mejora, sin restricciones salvo quizás la de preservar su libertad, y muchas veces gratis. Algunas demostraciones de este paradigma son la wikipedia, Euskalbar, o el kernel Linux, usado en el sistema operativo android y en 485 de los 500 supercomputadores más potentes de todo el planeta.

Una de sus ventajas es que es una herramienta ideal para el camino hacia el poder tecnológico. Hoy en día vivimos en un mundo informatizado y telecomunicado, tanto en lo personal cotidiano como en lo profesional. La cuestión es en qué manos o en qué servidores residen el código y los datos que movemos. Esta pregunta cobra más importancia en el caso de gobiernos y entidades de cierto tamaño. No sería razonable que éstas se aten o depositen su información en manos de empresas privadas extranjeras, como a menudo ocurre por el hecho imparable de la nube, por  la sencillez o comodidad de uso, y por la gratuidad aparente. El software privativo o no libre provoca la dependencia hacia entidades privadas y con frecuencia extrangeras.

El software libre constituye un motor económico. A pesar de que a veces su uso es gratis, en otras ocasiones conlleva oportunidades de negocio para las empresas proveedoras de TICs, especialmente en el caso de micropymes, al ofrecer una batería de productos a coste de licencia cero pero que son revendibles con servicios de valor añadido, bien a la hora del despliegue de soluciones (por ejemplo,  instalación, formación), o bien como piezas sobre las que construir sistemas más potentes. Con el software restrictivo, el dinero dedicado al mismo no es inversión sino gasto, ya que se va en forma de licencias. Se trataría, por tanto, de cambiar estas licencias por horas de trabajo a poder ser locales. A modo de ejemplo, si algún día se apuesta seriamente por reemplazar un Oracle o un Microsoft Office, presentes en numerosas instituciones públicas, por otras soluciones libres desarrolladas o mejoradas aquí a partir de piezas libres, nos retornaría un flujo de capital significativo.

Finalmente, el software libre es una fuente idónea para la mejora continua: los componentes pueden ser mejorados por comunidades, personas y empresas de todo el mundo, quienes a su vez tienen la potestad para dejar a disposición pública sus versiones mejoradas. La velocidad de este mecanismo depende de distintos factores: el interés de las usuarias por cada producto, el compromiso y los recursos de quien está detrás de cada programa, la filosofía de generar mejoras y compartirlas o, a la contra, cerrarlas.

Uniendo los argumentos anteriores, sería bueno que los organismos públicos y aquellas organizaciones que apuestan por los bienes comunes sean ejemplo de su uso, promoción e incluso hagan aportaciones en forma de productos mejorados, o colaboren con inversiones en dinero o recursos. La transición del software restrictivo al software libre conlleva un cambio no sólo tecnológico sino cultural; que gradualmente se convierta en realidad requiere la dedicación de esfuerzos y recursos durante años. Es una apuesta de país sobre la que reflexionar si queremos llegar lejos y apostamos de verdad por lo "público y de calidad". Es una apuesta en la que sí caben todas y todos los que quieran hacerla en serio, y pongan por delante el interés del beneficio común.

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